CHIPS Act invierte 52.700 millones para rehacer la capacidad fabril estadounidense
La ley estadounidense se traduce en plantas en Arizona, Ohio y Texas, pero la curva de productividad sigue por debajo de los plazos políticos.
El CHIPS Act estadounidense ha movilizado ya cerca de 52.700 millones de dólares de inversión pública directa y un volumen sensiblemente mayor de gasto privado asociado. Las plantas de TSMC en Arizona, Intel en Ohio y Samsung en Texas son las más visibles, pero la lista incluye proyectos menores en una decena de Estados.
La parte visible es positiva: empleos creados, plantas en construcción, ecosistema de proveedores expandido. La parte menos visible es de calendario. La curva de productividad de fábricas nuevas sigue por debajo de la prevista cuando se aprobó la ley en 2022 y por debajo de los plazos políticos que estructuraron la inversión.
El reto es estructural. Construir una planta de semiconductores de proceso avanzado en territorio estadounidense cuesta entre el 30 % y el 50 % más que hacerla en Taiwán. La ecuación se cierra mediante subsidios, créditos fiscales y compromisos de compra públicos, pero la sostenibilidad sin subvención sigue abierta.
Lo que el CHIPS Act sí ha conseguido, y eso pocos lo discuten, es reactivar una conversación nacional sobre política industrial. Estados Unidos ha vuelto a un esquema activo de coordinación entre gobierno y compañías que durante décadas fue tabú. Independientemente del resultado fabril, ese cambio de mentalidad probablemente tenga consecuencias más duraderas.
